ENDEUDAMIENTO Y DEMOCRACIA
La democracia para que sea operativa precisa, además de las convenciones formales, que los instrumentos de poder se depositen realmente en los representantes elegidos para su oportuna administración. Uno de estos medios, y por cierto no el más irrelevante, es el presupuesto estatal.
Con más frecuencia de lo acostumbrado la hacienda del estado se trasmite a los sucesores totalmente hipotecada.Desde el punto de vista de la legalidad democrática, cada legislatura debería ser autónoma, de modo que los compromisos económicos de los proyectos acometidos se salden con las dotaciones impositivas correspondientes. No es admisible, desde el punto de vista de la más pura deontología democrática, que una administración se luzca inaugurando proyectos que embarguen el presupuesto de las siguientes legislaturas.La capacidad de la gestión presupuestaria debe quedar absolutamente disponible para que los legítimos representantes de los ciudadanos puedan en cada momento disponer según los programas que han merecido el respaldo y la confianza en las urnas.La tentación de acometer grandiosos proyectos que enarbolen en la historia la imagen de un político no es exclusiva de los grandes dictadores. También, a veces, los presidentes constitucionales caen en esa veleidad y endeudan al estado por un importante periodo de tiempo. Cuando el país es consciente de que sus representantes le han hipotecado promueve el relevo de los mismos, pero los que les suceden no tienen otra alternativa que asumir la deuda; de esta manera su programa nace absolutamente hipotecado.Las cuentas de un estado no son sencillas, en ellas están los costes fijos de retribución del funcionamiento y del mantenimiento integral de las estructuras sociales. El margen presupuestario no es pues absoluto, lo que es lógico dado que la maquinaria estatal no puede ser desmantelada y recompuesta cada legislatura. Lo que sí parece aconsejable es que en cualquier caso las modificaciones presupuestarias sean equilibradas, o sea, que las variaciones en el gasto se asuman en los impuestos correspondientes, de modo que en cada momento los ciudadanos sufran o disfruten en sus boldillos la política que han respaldado con sus sufragios.Democracia supone responsabilidad colectiva, el legítimo control del gasto y de los impuestos y recursos para desembolsarlo no pueden superar los límites del mandato. Es evidente que las inversiones en grandes proyectos de infraestructura superan con frecuencia el periodo de una legislatura. Sería necesario que las leyes previeran sistemas de mayorías cualificadas y consensos para que el posible endeudamiento del presupuesto que supere la legislatura tenga el suficiente consentimiento de la oposición para que se respete la libertad de poder de la misma si accede al gobierno tras una convocatoria electoral.Más de una vez se advierte cómo proyectos que han consumido importantes recursos quedan aparcados por no ser considerados pertinentes en los proyectos del nuevo gobierno. Resulta impresentable para los ciudadanos que la visión parcial de un grupo político pueda llevar a endeudar o arruinar a un país por la permisividad de las leyes.En democracia, el pueblo es responsable y debe asumir que el gasto del sostén del estado y su proyección es asunto propio, o sea, aportación proporcional del trabajo de los ciudadanos. El mayor o menor bienestar deseado hay que financiarlo, y ello sólo se consigue con el esfuerzo común.Las políticas de endeudamiento no deben por tanto servir a intereses electoralistas de engañar al ciudadano hipotecando su futuro. El endeudamiento está justificado por la perentoria necesidad de una catástrofe, o por proyectos de inversión cuya rentabilidad para el país sea manifiesta, aunque en este caso deba contar con el respaldo de un acuerdo mayoritario de política económica.