ESTADO POLICIAL
La necesidad de un mayor estado policial está relacionado con una mayor delincuencia. El problema que eso plantea es que cuando existe mucha delincuencia esta llega y contagia el estamento policial -como a cualquier otro de la sociedad- y esa corrupción implica menor eficacia policial para reducir los delitos, y no pocas veces generarlos por intereses propios de complicidad de los agentes. Si esto es así, la seguridad de un Estado parece comprometida si existe una estructura social proclive a delinquir.
La tendencia de una población a la delincuencia está vinculada con que no pueda cubrir sus necesidades de vida en la estructura laboral del país y que se presente a su alcance dónde poder remediar su necesidad recurriendo a transgredir las leyes de protección de la propiedad de lo que precisa. Cuanta mayor sea la necesidad y más accesible esté el remedio prohibido, se multiplicará la tentación de delinquir para alcanzarlo.
El planteamiento tan simple anterior tiene una segunda lectura, que es que cuanto menores sean las necesidades no cubiertas con la economía accesible, y cuanto menor sean las diferencias de clase, menos tendencia existirá a tener que satisfacerse mediante el delito. De lo anterior se deduciría que a un más igualitario reparto de la riqueza se seguiría una menor delincuencia y una mejor prestación policial.
Esta tesis se ve confirmada en los Estados en que se ha invertido en generar una mayor protección social, y para ello se haya seguido una política fiscal redistributiva que haya favorecido la eliminación de las bolsas de marginación y el equiparamiento de las clases sociales; algo que no se suele lograr sin crear una conciencia social de los ciudadanos por la solidaridad. Al estar cubiertas necesidades básicas como la educación, la medicina, o la cobertura de seguros de paro o jubilación, se da de hecho una mayor cohesión social y una reducción de la marginalidad que sea germen de delincuencia como medio de supervivencia.
Cierto es que mucha delincuencia está generada en torno al comercio de estupefacientes y otros delitos de bandas, pero no lo es menos que gran parte de los implicados en esas bandas son captados en los sectores menos favorecidos donde la falta de promoción y las necesidades inducen a los jóvenes a dejarse atraer al servicio de la delincuencia.
La atracción por el dinero y la riqueza ha sido históricamente causa común de la delincuencia. Una justicia distributiva eficaz no sólo reduce los índices de delincuencia que germina en los sectores marginales, sino que también favorece que la contención extrema de los grandes beneficios del comercio cieguen a sus propietarios en no estimar que el dinero lícito sigue al trabajo lícito y al comercio lícito. Porque si bien una parte importante del estado policial se dirige a reconducir la inseguridad ciudadana, no es menos real que la certera y eficiente labor policial contra el fraude fiscal y el comercio ilícito devuelve a los cauces económicos legales una parte importante de los recursos necesarios para garantizar la debida protección social, y en consecuencia la reducción de la delincuencia.
Posiblemente la eliminación de la delincuencia que tiene su origen en la economía sea una utopía, pero el objetivo de aplicación de una adecuada justicia distributiva puede que no alcance éxitos espectaculares a corto plazo, pero es la mayor garantía de seguridad en el medio y largo plazo.