¿JUSTICIEROS?
Todas las épocas han tenido gobernantes que se han arrogado la virtud de aplicar la justicia para garantizar el orden en la sociedad. Lo que no siempre ha prevalecido es que la sociedad fuera conforme con que en su nombre alguien se atribuyera la capacidad de juzgar y condenar sin la voluntad de la mayoría del pueblo. Quienes así han actuado, sean emperadores, reyes, presidentes, cancilleres o magistrados, generaron la duda de que sobre la justicia impusieran la protección y defensa de intereses propios.
Se puede pensar que en los tiempos modernos, con la división de poderes dentro del Estado y con la creación de instituciones internacionales adecuadas a juzgar y sentenciar los desórdenes no cabe caer en los defectos históricos de la sociedad, pero lo cierto es que siguen vigentes autoridades que se atribuyen jurisdicción para juzgar ellos mismos los supuestos delitos cometidos por cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, siempre que posean el poder militar para ejecutar ese castigo.
Esa imposición de la fuerza a los lógicos procedimientos éticos con frecuencia se hacen anulando la acción debida en los órganos internacionales por ellos mismos promovidos, cuando no han obtenido una respuesta apetecida. En especial es grave esa actitud cuando concierne a situaciones delicadas de equilibrio internacional, y que por su gravedad una actuación al margen de la legalidad internacional puede causar consecuencias no previstas. Sustituir las instituciones internacionales por agrupaciones de naciones cómplices en burlar aquellas parece una trama poco legal, ya que en todo caso, si se considera que son ineficientes, habría que abordar entre todas las naciones su reforma, porque obviarlas supone de hecho violentar la propia legalidad al ignorar los tratados firmados.
Imponer la ley de la fuerza militar para juzgar y castigar autónomamente porque se es más poderoso crea la duda en los demás Estados, no sólo de la adecuación de la sentencia a aplicar, sino si la misma afecta sólo y exclusivamente a quienes aparentemente se consideran como culpables. La mayor parte de los casos, además, sugieren la sospecha de que detrás de esas actuaciones existen intereses tácticos que aprovechan la excusa para reforzar la propia posición de dominio en una zona o un sector.
Actuar con esa prepotencia crea una alarma universal en la mayoría de los otros países respecto a la legitimación tácita para obrar de esa manera, pues generalizándose esas actuaciones parece concederse venia internacional a la política de la dictadura internacional del más fuerte, pues, aunque ha sido la constante de toda la historia, parecía que en el nuevo siglo la tendencia habría de evolucionar hacia el consenso común del entendimiento y el desarme, lo que se hace incompatible con que cada país intervenga allá cuando quiera para dejar constancia de su mayor poderío.