TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ESTADO
En el juicio político que se realiza sobre la idoneidad de una forma de Estado cabe juzgar dos aspectos muy diferenciados: Uno es la definición del sistema político que se adopta; otro, la ejecución efectiva de ese sistema. Puede darse una forma teórica de Estado impecablemente justo, pero que en su aplicación, por la incapacidad de los políticos, la hace ineficiente, lo que la conlleva a ser injusta, porque si los derechos no se protegen eficazmente es como si no existieran. Por el contrario, lo que parece que no puede darse es que de un sistema injusto se pueda derivar una aplicación justa, sino por la acción coordinada de los ciudadanos para denunciarlo y cambiarlo. Por eso la acción política de renovación no debe centrarse sólo en cambiar el sistema, sino que muchas veces el objetivo debe ser renovar a las personas que lo gestionan, para que sea en la práctica eficaz.
Es muy habitual que los políticos en campaña electoral definan un programa para atraer a su favor la atención y la decisión de los votantes, y luego, cuando llegan al poder efectivo son incapaces de hacer realidad esos compromisos porque se enfrentan a aplicar una teoría que no se había evaluado previamente cómo se iba a llevar a la práctica. Esto se acentúa tanto más cuando quien hace las promesas electorales no posee la perspectiva de gobernar, porque en ese caso cada compromiso electoral puede representar una utopía por la baja posibilidad real de tener que hacerlos efectivos.
Aun cuando es sistema sea de lo más coherente y realista, y sea así respaldado por los ciudadanos, es necesario que esa voluntad social se mantenga en la acción diaria con trascendencia social, como son: la productividad en el trabajo, la responsabilidad familiar, el cumplimiento fiscal, la sujeción a la justicia, la diligencia en los deberes, la solidaridad ciudadana y cualquier ejercicio que vaya en la misma dirección de hacer posible el sistema comprometido. Para ello es imprescindible que exista un tejido administrativo capaz de gestionar eficazmente la aplicación sobre los ciudadanos de cada una de las definiciones de atención que generan los políticos, pues en caso contrario son estos quienes deberían moderar su optimismo a definir sólo lo que se pueda realmente realizar.
No es extraño que los políticos, en su afán por justificar su poder, crean que pueden solucionar todos las demandas ciudadanas al mismo tiempo, porque promulgar decretos y leyes supone un esfuerzo relativamente pequeño con lo que supone realmente dotar los medios humanos, técnicos y económicos para convertir esos proyectos en realidades sociales. Prometer y no hacer es frustraste para los ciudadanos, pero no lo es menos recibir leyes vacías de contenido real porque su efectividad no pasa de la fase de propaganda estatal.
La práctica del Estado es lo que avala la teoría del sistema, y no debería extrañar a los políticos que el descontento social crezca en la sociedad, a pesar de la legitimidad de un marco legal, cuando lo que perciben los ciudadanos es que no se atiende sus derechos, porque igual les es que no se proclamen, como que se proclamen pero no se garanticen; aunque en este último caso lo que se genera no es la pérdida de confianza en los políticos, sino en la justificación del propio Estado.