TRANSPARENCIA TOTAL
La corrupción, la defraudación y la malversación tiene su autoría y culpa en la voluntad individual de quienes infringen las leyes, la interpretación de las mismas y la utilización ilegítima de los recovecos que la ley no ha llegado a definir. La causa, además de en la ambición de las conciencias, se fragua en las costumbres, en la tradición y en la opacidad de la política y de la actividad pública. Cuando el sistema y la estructura política de un Estado están concebidos en favor de unas minorías y contra del bien común, aunque las leyes proclamen lo contrario, el medio al que recurren sus dirigentes es la opacidad de la gestión pública, de modo la transgresión de la ley y la norma no pueda ser denunciada por los ciudadanos honrados. Por eso se puede concluir que la corrupción administrativa y política tiene una gran parte de su causa en la falta de transparencia de las instituciones que impidiendo ocultar cualquier violación de su legitimidad desanime de hacerlo a quienes tenga la tentación y oportunidad de realizarlo en virtud de su cargo o empleo.
La transparencia es especialmente importante en todos los ámbitos que competen a la gestión y administración de los dineros públicos, porque siendo los ciudadanos los que los aportan con sus tasas e impuestos tienen derecho a conocer y verificar el destino legítimo para el cual se los demanda la administración gobernante. En tiempos pasados existió quizá la excusa de la complejidad de la publicación de las cuentas de la nación, pero la modernidad de los medios de comunicación y de la digitalización de la contabilidad han facilitado que la transparencia pueda ser total, ofreciéndose, si existe voluntad de ello, de modo accesible a la fácil comprensión de los ciudadanos. Pudiéndose hacer no caben disculpas para sostener la opacidad, porque despertará la presunción en la ciudadanía de ser engañada.
La transparencia debe ser total, pues cada vez que los políticos se reservan epígrafes en los presupuestos de la nación opacos o gastan caudales públicos de modo no justificado lo que están creando es un cáncer institucional contra la soberanía popular. La democracia no sólo se realiza en la política por la delegación de la voluntad personal en los representantes, sino en el retorno que esos representantes hacen de satisfacción de las demandas de conocimiento y control de la gestión que se les ha delegado. La transparencia institucional incumbe a toda la ramificación de la administración pública, entendiéndose como tal todos los organismos que directa o indirectamente se benefician del presupuesto nacional o son gestionadas por cualquier nivel de la autoridad pública. Por ejemplo, los partidos políticos, confesiones religiosas, asociaciones y fundaciones benéficas, empresas públicas, medios de comunicación subvencionados, centros educativos con financiación pública y demás entes que reciban subvenciones de la administración, sin que por ese legítimo control de los ciudadanos sobre sus dineros confiados a la administración se pueda argumentar intromisión o restricción de la libertad, ya que la información que se debe universalizar es la que certifica que los caudales públicos se han invertido para el fin para el que hayan sido aprobados en la correspondiente partida de subvención o inversión.
Nadie puede escudarse en el derecho a la privacidad para exigir el secreto de las retribuciones públicas si la información que se vierte al conjunto de la ciudadanía es el importe del sueldo o salario, no la justificación de cómo quien lo ha recibido ha gastado lo suyo. Distinta es la necesidad de la publicación contable de los gastos de representación o empresa, que deben ser minuciosamente controlados, ya que los mismos no corresponden a dineros particulares sino corporativos, o sea, públicos. Lo más probable es que pocos ciudadanos se dediquen a verificar la honorabilidad del gasto del sector público, pero esa transparencia de la información debe permitir no sólo hacerlo, sino ser respondido respecto a la misma por la administración en tiempo y forma razonable, ya que no es una prerrogativa, sino un derecho elemental democrático.