INJUSTICIA
El siglo XXI se está caracterizando por la denuncia ciudadana de la consolidación de la injusticia a todos los niveles de la política, y el apalancamiento de esa política por sostenerse en el poder. La causa y el efecto no están lejos del debacle cultural a favor de una pragmática ajena a los fundamentos solidarios de la filosofía social. En el epicentro de todo esa trama política se encuentra el subterfugio legal de vaciar el concepto de justicia en favor de un "estado de derecho" dictado desde los ardides ocultos del poder financiero para favorecer intereses particulares.
El error mayor de la sociedad civil es no saber a dónde apuntar para sindicar sus reivindicaciones, en cuanto los partidos políticos se han mostrado ineficaces para generar la justicia debida objeto de la esencia del Estado. La inconformidad ciudadana se sintetiza en que los partidos políticos tienden a poner las instituciones públicas al servicio de los intereses de partido, no de los ciudadanos, de modo que el beneficio social repercute sobre los lobbys que sostienen al partido, en detrimento del bien común. Se puede argumentar que la democracia corrige esas desafección a la justicia mediante la alternancia en el poder de las ideologías políticas, pero ello sólo mejoraría si el cambio actuara superando las anteriores injusticias con la justicia, pero lo percibido por la ciudadanía es que los partidos persisten en el error al pretender neutralizar la injusticia anterior con la injusticia de signo contrario, cuando la realidad es que la injusticia sólo la corrige la justicia.
Corrupción, malversación de caudales públicos, nepotismo, defraudación, prevaricación, fraude electoral, estafa, amaño, abuso de autoridad, falsedad documental, etc., son formas habituales de comportamiento que cada gobierno denuncia del anterior, pero ni legisla eficazmente para su neutralización, ni defiende la independencia judicial para la correcta aplicación de la justicia, sino que desde el poder se procura la sustitución de la jerarquía de fiscales y jueces para interpretar las leyes a su favor.
Reconstruir la confianza de la ciudadanía en el "estado de derecho" no puede provenir sino en la apreciación objetiva de que la injusticia se combate desde una justicia que protege solidariamente el bien común por encima de los intereses de parte de la sociedad. No se trata de que la injusticia pendule favoreciendo alternativamente a unos grupos y luego a otros, según el color o ideología del partido que gobierna, como si de ese modo se equilibrara la deuda de justicia con la sociedad, sino de que la sujeción permanente de la ley al bien común suponga un continuo rectificar de la redistribución efectiva de los derechos y obligaciones ciudadanas desde las capas privilegiadas a toda la ciudadanía.
La realidad es que el clamor ciudadano contra la injusticia se da en todos los sistemas, inclusos los que se tienen por genuinamente democráticos, ya que su causa no radica en el sistema sino en su deficiente funcionamiento. La democracia --e incluso los regímenes autoritarios-- se atribuyen como fin el bien común, el ejercicio de la libertad, la cohesión económica, la protección social, la equidad de la justicia, los derechos fundamentales a la vivienda y al trabajo, etc., pero en cuanto no lo logra justifica que los ciudadanos se sientan estafados, más cuando aprecian en los políticos la pertinacia en el fraude entre lo que denuncian y prometen en la oposición y en campaña y lo que obran cuando alcanzan el poder.